¿POR QUÉ DICTAMINARSE?

Origen.

El dictamen fiscal de estados financieros surge por medio del decreto del 21 de abril de 1959, en la cual también se integró la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal. Se inicia el registro de contadores públicos dictaminadores y la posibilidad de que los contribuyentes utilicen los servicios profesionales de auditores externos, quienes después de haber realizado una auditoría de los estados financieros de una entidad, expresan en su informe. Además de su opinión sobre los propios estados financieros, el resultado de la revisión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de ese contribuyente. Las principales consideraciones, al emitir el decreto de 1959, fueron las siguientes.

Como propósito del gobierno Federal lograr la observancia de las leyes fiscales, y al mismo tiempo, evitar molestias innecesarias o infundadas a los contribuyentes cumplidos.

Otra consideración tomada en cuenta es que la asistencia técnica de los contadores públicos titulados designados por los mismos contribuyentes cumplidos, les evitará las molestias de visitas e investigaciones fiscales necesarias, así como resaltar su buena fe.

Objetivo del dictamen fiscal

El dictamen fiscal representa un documento que se deriva, propiamente, de la auditoría de estados financieros, y tiene como principal objetivo otorgar confianza, tanto a los contribuyentes como a las autoridades sobre el razonable cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte de los primeros; no constituye, por lo tanto, una declaratoria sobre el exhaustivo examen de la situación financiera y fiscal, sino la opinión razonada de que la información presentada ha sido preparada, en todos sus aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable.

 ¿Quiénes tienen la opción de dictaminarse?

En términos generales, las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales pueden optar por un dictamen fiscal. Se refieren a aquellas cuyos ingresos acumulables que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido $100,000,000, pesos; $79,000,000 millones de pesos en activos y con 300 o más trabajadores; aquéllas que consoliden para efectos fiscales; las donatarias autorizadas; las que se fusionen, escindan o liquiden; establecimientos permanentes y las entidades gubernamentales.

Beneficios que obtienen las PM y PF al dictaminarse

El dictamen fiscal constituye una importante herramienta para el SAT, es cierto que éste representa una carga onerosa para los contribuyentes. Es por eso que el gobierno por medio del decreto publicado el 30 de junio de 2010, otorga facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria para aquellos contribuyentes que decidan presentar dictamen fiscal antes la Autoridad Fiscal, siempre y cuando presenten cierta información que, mediante reglas de carácter general, establezca el SAT.

Esto antes de considerarlo como una carga para los contribuyentes se convierte en una estrategia de negocios que permite a las compañías reducir el riesgo en sus operaciones al contar con un dictamen en sus revisiones anuales.

Beneficios fiscales.

1.     Revisión secuencial.

2.     Complementaria por dictamen (No cuenta para el límite).

3.     Cumplimiento espontáneo (10 días).

4.     Reducción del plazo de devolución de saldos a favor (40 a 25 días).

5.     Devolución con declaratoria del CPR.

Beneficios adicionales.

1.      Implementar políticas y procedimientos de control interno.

2.      Detectar fraudes o errores en la preparación y presentación de los Estados Financieros.

3.      Proporcionar información confiable acerca de la entidad auditada para la toma de decisiones.

4.      Determinar la correcta aplicación de los impuestos.

5.      Autocorrección de pagos provisionales.

6.      Genera transparencia y certeza del uso de los recursos

7.      Opinión de un tercero independiente sobre la razonabilidad de estados financieros.

Hoy en día, optar por dictaminarse o no puede representar una disminución de gasto a corto plazo para las organizaciones, sin embargo, los riesgos de no dictaminarse en comparación con los beneficios de hacerlo son considerablemente mayores, ya que lo primero podría detonar un gasto igual o mayor a mediano y largo plazo en actos de fiscalización y resolución de controversias.