Llegó el momento, el SAT ya demostró sus intenciones de fiscalización y su hambre de ir detrás de los grupos empresariales nacionales.

Se ha publicado la Reforma fiscal 2022 en México y viene con simples, pero contundentes sorpresas en materia de precios de transferencia, y no me refiero solamente a las maquiladoras, las cuales dejaremos para otra ocasión, sino a los grupos empresariales nacionales y operaciones entre partes relacionadas mexicanas.

Antes de esta reforma, ya se contaba con regulaciones específicas en donde las operaciones realizadas por una empresa mexicana con su relacionada nacional o extranjera, debía cumplir con el Principio de plena competencia, es decir, contar con el soporte documental de que las operaciones se están pactando a valores de mercado, esta documentación consiste principalmente en el estudio de precios de transferencia.

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Sin embargo, existía un tratamiento distinto para operaciones con extranjeros, ya que adicional a contar con la documentación antes mencionada, se debe revelar el anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple (DIM), evidenciando detalles de las operaciones tales como monto, concepto, método aplicado, efecto fiscal, rango de comparabilidad obtenido, entre varios otros.

Esta situación orilló a que aquellos contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas en el extranjero estén más atentos al cumplimiento de precios de transferencia sobre aquellos que solamente realizan operaciones a nivel nacional.

Esta reforma viene a cambiar lo anterior, extendiendo la obligación de presentar dicho anexo 9 de la DIM también para operaciones con partes relacionadas nacionales a más tardar el 15 de mayo de 2023 que es cuando se presentaría la declaración informativa correspondiente a 2022.

¿Cómo impactará este cambio?    

Al contar con esta obligación, ya se tendrá que revelar de antemano todos los detalles de las operaciones al SAT, quien de por sí ya tiene conocimiento de todo lo que pasa, pues resultaría evidente para el fisco el identificar una mala práctica y, por ende, oportunidades de ajustes a las operaciones, sumando las potenciales multas, actualizaciones y recargos sobre impuestos omitidos.

Es por esto que 2022 es el año perfecto para dar un paso atrás, revisar internamente las políticas (existentes o no) dentro de las operaciones que actualmente estás realizando dentro del grupo empresarial entre empresas nacionales. El SAT nos está regalando 12 meses para reestructurar y reorganizar nuestras operaciones de tal manera que logremos un cumplimiento pleno ante esta regulación.

¡Hay mucho que hacer! Revisar detalladamente la estructura del grupo de empresas, auditar operaciones pasadas y continuas, revisar las facturas, los conceptos utilizados, los papeles de trabajo que respalden las operaciones, si existen o no contratos que avalen dichas operaciones, pero, sobre todo, lo más importante es identificar si las operaciones que se realizan brindan un beneficio económico real al grupo, que sean realmente operaciones indispensables y que tengan una RAZÓN DE NEGOCIOS.

No echemos este tema en saco roto, es importante tomar acción pronta y oportuna, que brinde esa ventaja sobre cualquier revisión futura. Si algo debemos aprender de experiencias previas es no reaccionar, sino accionar y prever, y de esta manera estar tranquilos de que los temas de cumplimiento se encuentran en orden, logrando así concentrar todos los esfuerzos en el crecimiento de los negocios.

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